.jpg)
EDUCACIÓN...¿PARA LA CIUDADANÍA?
El título del artículo no es consecuencia de una equivocación del articulista, ni tampoco se debe a un error de imprenta. Es una pregunta que surge ante el panorama que se divisa. Lo primero que habría que preguntarse es: qué ámbito abarca el término educación y a qué principios se hace referencia al hablar de ciudadanía.
“Educación para la ciudadanía” es una nueva asignatura, que no solamente ha tenido un mal parto y además prematuro, sino que ha sido mal concebida.
Cuando algo, que incide en el ámbito educacional de todas las familias, se le convierte en materia educativa obligatoria, sin atender a las distintas sensibilidades que se dan en la sociedad, la polémica está servida.
Si a esto, se le añade que no ha existido el necesario consenso a la hora de diseñar los contenidos, ni tampoco en lo que afecta a la didáctica de su aplicación, no es de extrañar que haya derivado en profundas desavenencias.
Se ha recurrido a los tribunales apelando al derecho de objeción de conciencia, y se han dado sentencias contradictorias. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía amparó la objeción de conciencia, el de Asturias la desestimó.
El Tribunal Supremo ha considerado que no cabe objeción de conciencia en los decretos examinados, si bien , aclara el Tribunal Supremo, esto no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad.
Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales.
El tema tiene un gran calado y se hace acreedor a una serie de reflexiones, tanto por su finalidad como por la forma en que ha sido abordado.
Hay que remitirse a Europa, como una referencia necesaria, al hablar de Educación para la Ciudadanía. En Europa se busca el consenso en los grandes temas de estado, entre ellos el educativo. Eso explica que su impartición no de lugar a conflictos como los que aquí se dan. En ningún país de nuestro entorno europeo se introducen en la educación, criterios morales o éticos que sean objeto de discusión en la sociedad.
¿Por qué ocurre esto en España? ¿Se actúa adecuadamente ante los problemas
que tenemos que resolver? Según los resultados, la conclusión es negativa.
Toda persona en uso de razón debe dar muestras de educación, sobre todo quienes tienen responsabilidades sociales, ya que el buen ejemplo es muy convincente a la hora de educar.
Resulta preocupante que algunas personas, con responsabilidades sociales o políticas, hagan manifestaciones públicas hacia sus adversarios o ante quienes acuden a escucharle, con acusaciones huecas, promesas inconsistentes, palabras vejatorias, malos gestos, verdades a medias, expresión exacerbada, inexactitudes calculadas, etc, etc.
Con ello contribuyen a crear un clima de intolerancia y de acritud entre los ciudadanos.
A estas personas, posiblemente, les vendría bien incorporarse a un centro educativo, aunque sólo fuera para sentirse obligada a estudiar “Educación para la ciudadanía”.
Haciendo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo, la ministra de Educación, a través de un video, ha manifestado:
“la sentencia confirma que Educación para la Ciudadanía es una asignatura como
cualquier otra, y obliga a las administraciones educativas a aplicarla y resuelve un
larguísimo debate.”
Atendiendo a estas manifestaciones, debe hacerse dos anotaciones:
a) Que, en sentido estricto, Educación para la Ciudadanía no es como cualquier otra asignatura de carácter obligatorio, ya que las otras cualesquiera asignaturas delimitan sus contenidos al campo del conocimiento y la técnica, mientras que ésta afecta a todo
el alumnado a nivel personal: vivencias, creencias, convicciones, relaciones familiares, de amistad y otras circunstancias.
Entrar en el ámbito de la vida personal e íntima de los demás, es algo delicado, que ha de hacerse con el máximo respeto y consideración, y que nadie tiene derecho a entrar en ella como elefante en cacharrería ajena.
Hay que señalar esto porque se puede constatar, consultando distintas editoriales, que algún que otro libro de texto publicados a tal fin, han acabado siendo en panfletos ideológicos que tratan de adoctrinar al alumnado, haciendo declaraciones militantes.
b) Que es lógico que las administraciones educativas queden obligadas a aplicar la ley aprobada. El problema está en la primera parte, es decir, en su elaboración. No ha sido buena, fundamentalmente por ser algo unilateral, políticamente hablando, ya que no se ha tenido en cuenta los distintos puntos de vista que existen en la sociedad. Se ha obviado esta realidad, por ello suena a imposición.
Hay puntos en los que todos están de acuerdo: constitución, derechos humanos,
respeto, esfuerzo, trabajo, solidaridad...
Era posible una propuesta común y no se ha planteado así. Esa falta de cohesión institucional ha propiciado. protestas, objeciones, actuaciones de los tribunales, alumnos afectados, etc.
No acierta la ministra, al considerar que el debate ya está resuelto.
En la LOE (Ley Orgánica de la Educación), uno de sus principios fundamentales en su artículo 1, en referencia a la necesaria colaboración entre todos los componentes de la comunidad escolar, atiende a: “La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno, y funcionamiento de los centros educativos.”
Si se quiere, que la participación y el respeto a los demás sea algo natural en los centros educativos, no hay mejor camino que actuar consecuentemente.
Legíslese, desde el respeto y el consenso, los grandes temas de estado, como pueden ser: educación, sanidad, defensa o justicia, entre otros.
Si así se hiciera, todos saldríamos ganando, incluso los políticos que se sentirían más realizados, más contentos y más satisfechos.
“Educación para la ciudadanía” es una nueva asignatura, que no solamente ha tenido un mal parto y además prematuro, sino que ha sido mal concebida.
Cuando algo, que incide en el ámbito educacional de todas las familias, se le convierte en materia educativa obligatoria, sin atender a las distintas sensibilidades que se dan en la sociedad, la polémica está servida.
Si a esto, se le añade que no ha existido el necesario consenso a la hora de diseñar los contenidos, ni tampoco en lo que afecta a la didáctica de su aplicación, no es de extrañar que haya derivado en profundas desavenencias.
Se ha recurrido a los tribunales apelando al derecho de objeción de conciencia, y se han dado sentencias contradictorias. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía amparó la objeción de conciencia, el de Asturias la desestimó.
El Tribunal Supremo ha considerado que no cabe objeción de conciencia en los decretos examinados, si bien , aclara el Tribunal Supremo, esto no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad.
Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales.
El tema tiene un gran calado y se hace acreedor a una serie de reflexiones, tanto por su finalidad como por la forma en que ha sido abordado.
Hay que remitirse a Europa, como una referencia necesaria, al hablar de Educación para la Ciudadanía. En Europa se busca el consenso en los grandes temas de estado, entre ellos el educativo. Eso explica que su impartición no de lugar a conflictos como los que aquí se dan. En ningún país de nuestro entorno europeo se introducen en la educación, criterios morales o éticos que sean objeto de discusión en la sociedad.
¿Por qué ocurre esto en España? ¿Se actúa adecuadamente ante los problemas
que tenemos que resolver? Según los resultados, la conclusión es negativa.
Toda persona en uso de razón debe dar muestras de educación, sobre todo quienes tienen responsabilidades sociales, ya que el buen ejemplo es muy convincente a la hora de educar.
Resulta preocupante que algunas personas, con responsabilidades sociales o políticas, hagan manifestaciones públicas hacia sus adversarios o ante quienes acuden a escucharle, con acusaciones huecas, promesas inconsistentes, palabras vejatorias, malos gestos, verdades a medias, expresión exacerbada, inexactitudes calculadas, etc, etc.
Con ello contribuyen a crear un clima de intolerancia y de acritud entre los ciudadanos.
A estas personas, posiblemente, les vendría bien incorporarse a un centro educativo, aunque sólo fuera para sentirse obligada a estudiar “Educación para la ciudadanía”.
Haciendo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo, la ministra de Educación, a través de un video, ha manifestado:
“la sentencia confirma que Educación para la Ciudadanía es una asignatura como
cualquier otra, y obliga a las administraciones educativas a aplicarla y resuelve un
larguísimo debate.”
Atendiendo a estas manifestaciones, debe hacerse dos anotaciones:
a) Que, en sentido estricto, Educación para la Ciudadanía no es como cualquier otra asignatura de carácter obligatorio, ya que las otras cualesquiera asignaturas delimitan sus contenidos al campo del conocimiento y la técnica, mientras que ésta afecta a todo
el alumnado a nivel personal: vivencias, creencias, convicciones, relaciones familiares, de amistad y otras circunstancias.
Entrar en el ámbito de la vida personal e íntima de los demás, es algo delicado, que ha de hacerse con el máximo respeto y consideración, y que nadie tiene derecho a entrar en ella como elefante en cacharrería ajena.
Hay que señalar esto porque se puede constatar, consultando distintas editoriales, que algún que otro libro de texto publicados a tal fin, han acabado siendo en panfletos ideológicos que tratan de adoctrinar al alumnado, haciendo declaraciones militantes.
b) Que es lógico que las administraciones educativas queden obligadas a aplicar la ley aprobada. El problema está en la primera parte, es decir, en su elaboración. No ha sido buena, fundamentalmente por ser algo unilateral, políticamente hablando, ya que no se ha tenido en cuenta los distintos puntos de vista que existen en la sociedad. Se ha obviado esta realidad, por ello suena a imposición.
Hay puntos en los que todos están de acuerdo: constitución, derechos humanos,
respeto, esfuerzo, trabajo, solidaridad...
Era posible una propuesta común y no se ha planteado así. Esa falta de cohesión institucional ha propiciado. protestas, objeciones, actuaciones de los tribunales, alumnos afectados, etc.
No acierta la ministra, al considerar que el debate ya está resuelto.
En la LOE (Ley Orgánica de la Educación), uno de sus principios fundamentales en su artículo 1, en referencia a la necesaria colaboración entre todos los componentes de la comunidad escolar, atiende a: “La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno, y funcionamiento de los centros educativos.”
Si se quiere, que la participación y el respeto a los demás sea algo natural en los centros educativos, no hay mejor camino que actuar consecuentemente.
Legíslese, desde el respeto y el consenso, los grandes temas de estado, como pueden ser: educación, sanidad, defensa o justicia, entre otros.
Si así se hiciera, todos saldríamos ganando, incluso los políticos que se sentirían más realizados, más contentos y más satisfechos.
Artículo y foto cedidos por su autor.